La justicia argentina dictó el procesamiento de los profesionales vinculados al Hospital Italiano, involucrados en el desvío de fármacos de alta peligrosidad con fines recreativos. El juez Javier Sánchez Sarmiento imputó formalmente al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse por el delito de administración fraudulenta. Su desvío para fines no médicos representa una de las fallas éticas más graves en el ejercicio de la medicina moderna. Este procesamiento marca un hito en la persecución de delitos de "cuello blanco" dentro de organizaciones de salud, dejando un precedente claro: la pericia técnica no otorga impunidad frente a la malversación de los recursos destinados al cuidado de la vida. Posteriormente, el hospital se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio y colaborar con el esclarecimiento de los hechos. El propofol no es una sustancia de consumo ligero; es un fármaco que simboliza la frontera entre la consciencia y la inconsciencia clínica. La decisión del magistrado no solo implica el procesamiento, sino que establece medidas cautelares severas para garantizar la sujeción de los imputados al proceso. Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y han sido objeto de embargos millonarios sobre sus bienes. La fiscalía sostiene que los acusados habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital, extrayendo medicamentos que requieren una custodia estricta, tales como el propofol. La investigación se originó tras una serie de auditorías internas en el Hospital Italiano que detectaron inconsistencias alarmantes en el inventario de medicamentos anestésicos. El uso recreativo de anestesia, una práctica extremadamente peligrosa, se convirtió en el eje central del escándalo. Ante la gravedad de los hallazgos iniciales, la institución decidió desvincular a Delfina Lanusse y suspender preventivamente a Hernán Bovieri. Los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de ampollas de la farmacia central. Lo que comenzó como una investigación por malversación de activos tomó un giro sombrío cuando surgieron testimonios y pruebas digitales sobre supuestas reuniones sociales donde se utilizaban estos fármacos.
